La historia de Colombia se ha visto involucrada en distintos hechos que han
conducido a la lucha de los sectores excluidos o marginados del país. Dichos
hechos han llevado a la reivindicación de sus derechos que les han sido
arrebatados desde la Independencia del país. La población campesina no se ha
visto exenta del problema de la exclusión: los sectores rurales han visto
siempre vulnerados sus derechos, de acceso a la tierra y por ende al de la propiedad.
Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la
economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola.
Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base
en la explotación de los campesinos, que se han visto convertidos en
arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados, y desplazados sin
tierra.
A comienzos del siglo 20, encontramos inicialmente las primeras
organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora de las
tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde la década de
1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo
cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de la
tierra que trabajan. Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década
de 1920 se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los
monopolizadores de la tierra, para hacer exigencia en el tema de los salarios,
condiciones dignas de trabajo y de vida. Un ejemplo de esto son las expresiones
organizativas de los campesinos de Córdoba que llegaron a conformar el Baluarte
Rojo de Lomagrande, San Fernando, Canalete y Callejas. En 1928 se habían
consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión
Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario,
embrión del Partido Comunista Colombiano que distribuyó su influencia de manera
exponencial mostrando la interrelación de la expresión política y la
organización campesina de base.
La gran depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929,
produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida en las
haciendas. En este contexto, empezaron a florecer las luchas agrarias
principalmente en Sumapaz, Viotá y la región del Tequendama y Córdoba.
Bajo este contexto se movilizaron a favor de los campesinos colombianos en
todo el país las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales, y las
Unidades de Acción Rural como expresiones del movimiento campesino, mientras
que a nivel nacional podemos encontrar a la Federación Campesina e Indígena
posteriormente conocida como la Confederación Campesina e Indígena fundada en
1942, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación
Patriótica y Económica Nacional [1] y
posteriormente en contra de la Ley 100 de 1944.
Para 1956, las organizaciones campesinas e indígenas estaban completamente
destruidas por acción u omisión del gobierno colombiano. De esta dinámica se
salva la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada en 1946 con el apoyo de
la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia. Esta fue la
organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) [2].
El desmantelamiento de toda
intención gubernamental de una real reforma agraria
En este contexto de problemática rural nacen las primeras guerrillas de
autodefensa, con una orientación liberal y posteriormente comunista según la
influencia política. Se inicia también el proceso de colonización armada, que
sentó las bases para la consolidación del movimiento agrarista del que nacerían
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de la Operación Marquetalia
en 1964 y la agresión contra el movimiento campesino del sur del Tolima.
La ANUC, fundada en 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo,
nace como una iniciativa en el periodo del Frente Nacional para la reforma
agraria que cambiara la distribución de la propiedad. Los usuarios campesinos
consolidaron un fuerte nivel de organización y adquirieron su propia dinámica
de poder y reivindicaron su carácter gremialista y su independencia ante los
partidos políticos tradicionales.
El movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, se
sintió fortalecido por la magnitud del primer Paro Cívico Nacional de
septiembre de 1977, que dio cuenta del inconformismo reinante hacia la clase
política del país y de la diversidad de procesos que se gestaban para combatir
a esa clase política [3].
La Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia
En 1984 se impulsó la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas
de Colombia (Anmucic), posteriormente conocida como Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Anmucic es una organización
gremial de género, de servicio social, que se organizó inicialmente en torno a
la gestión de los programas oficiales para mujeres y prontamente asumió la
defensa de los intereses específicos de las mujeres campesinas. Actualmente
esta constituida por 27 asociaciones departamentales de mujeres campesinas,
indígenas y negras, las cuales aglutinan asociaciones primarias de carácter
municipal y corregimental, de la misma naturaleza, cuyas asociadas están
vinculadas al área rural o que hayan sido desplazadas por la violencia. Su
mayor presencia se encuentra en Boyacá, Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío,
Arauca y Atlántico.
¿Qué paso en los 90?
Para la década del 90 se planteaban temas y retos ante los cuales el
campesinado debía pronunciarse. Uno de ellos es la Constitución de 1991, que
consagra muchos derechos sociales y mecanismos de participación y un nuevo
proyecto de ley de reforma agraria que imponía un nuevo esquema de reforma a
través del mercado. A las luchas tradicionales por la tierra y la política
agrícola, se han unido en los últimos años protestas por los derechos humanos y
por las necesidades básicas como infraestructura y servicios, lo que hace a los
campesinos participantes de las crecientes luchas cívicas. Entre las 158 luchas
agrarias de 1991 a 1994, hubo 27 paros cívicos con participación campesina, 82
movilizaciones y 43 tomas de entidades [4].
Un factor importante en esta época es la expansión del narcotráfico y las
limitaciones de los campesinos al acceso a la tierra, a la tecnología y al
subsidio. En estas condiciones, la única posibilidad de sobrevivir es
participar de la producción de cultivos de uso ilícito.
En 1996, las organizaciones campesinas vuelven a tener un papel importante
en la historia del movimiento social en Colombia, por las multitudinarias
marchas campesinas cocaleras en contra de las fumigaciones. Estas marchas
movilizaron a más de 300 mil campesinos y fueron el origen de la Coordinadora
de Cultivadores de Coca y Amapola, la cual concretó su funcionamiento en el
2000 para enfrentar el Plan Colombia manteniendo una oposición firme a las
fumigaciones de cultivos de uso ilícito proponiendo planes alternativos.
Gracias a estas movilizaciones se recordó la tradición agrícola de nuestro
país y también se evidenció que el campo fue el principal afectado de las
políticas de ajuste y de apertura económica aplicada por el gobierno de Gaviria
(1990-1994) y Samper (1994-1998). Desde esta época el movimiento campesino se
ha venido estructurando a través de organizaciones regionales como: la
Asociación Campesina de Arauca, la Asociación Campesina del Valle del Río
Güéjar, en la Serranía de la Macarena, la Asociación Campesina del Catatumbo, y
la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC).
Después de 1995, la organización Unidad Cafetera se unió con otros gremios
de minifundistas, pequeños y medianos empresarios paneleros, cerealeros y
papicultores que cuestionaron la política neoliberal y la libre importación de
productos agropecuarios, y en torno a la defensa de la producción nacional
conformaron la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia,
la que se conoce más comúnmente como Salvación Agropecuaria. Esta organización
encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de agosto de 2000,
que movilizó a por lo menos cien mil personas en 27 bloqueos a carreteras y
otras manifestaciones. Salvación Agropecuaria realizó su primer congreso en
noviembre del 2001, es una organización en ascenso y tiene un creciente número
de afiliados en 17 departamentos; su presencia y capacidad de movilización son
grandes en el antiguo Caldas, Antioquia, Tolima, Huila, occidente de Boyacá y
sur de Santander.
El Consejo Nacional Campesino se fundó formalmente el 19 de marzo de 1999,
en medio de las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales
sindicales. Actualmente hacen parte de él dos sindicatos de trabajadores del
sector rural y las siguientes organizaciones nacionales campesinas: Acción
Campesina Colombiana, ANUC – Unidad y Reconstrucción, Asociación Colombiana de
Beneficiarios de la Reforma Agraria, Anmucic, Coordinadora Nacional de
Desplazados, Fanal, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias,
Fensuagro, Festracol.
Mandato Agrario
Entre el 7 y 8 de abril del 2003 se llevó a cabo el Congreso Nacional
Agrario, en donde participaron campesinas y campesinos, indígenas y
afrodescendientes; sus organizaciones tanto del nivel nacional como regional y
local; los productores agrícolas y ganaderos de espíritu progresista y
patriótico y sus agremiaciones y agrupaciones; los profesionales y técnicos
afines a la actividad agropecuaria y sus asociaciones; los desplazados que
organizadamente trabajan por el retorno seguro a sus lugares de origen; los
investigadores, académicos y universitarios comprometidos en la búsqueda de una
paz con justicia social; los diseñadores de políticas públicas agrarias; los
ambientalistas y ecologistas; los políticos y parlamentarios interesados en la
temática rural; las centrales y federaciones sindicales nacionales; las
Iglesias y religiosos; los maestros y las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y de paz.
Durante el congreso se trabajó en temas como el derecho a la tierra, la
reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria, la protección del
medio ambiente, la política concertada con los cultivadores de coca, amapola y
marihuana, los derechos sociales económicos y culturales del campesinado,
indígenas y afrodescendientes, el reconocimiento político al campesinado, el
reconocimiento de las mujeres campesinas, el derecho a la territorialidad y el
fin del desplazamiento forzado.
Las mujeres campesinas de todo el país participaron y presentaron sus
propuestas. En este espacio se dio a conocer la Agenda de las Mujeres que las
campesinas se comprometieron a socializar. Las campesinas manifestaron la
urgencia de reconocimiento del aporte de las mujeres a la producción del campo
y a la fuerza de trabajo, así como el reconocimiento y protección de su papel
en la construcción de identidad cultural y en la defensa de las comunidades.
Así mismo, se planteó la necesidad de garantías para la participación
decisoria de las mujeres rurales en las instancias de planeación, gestión y
ejecución, y la toma de medidas concretas contra la discriminación hacia las
mujeres. Frente a los actores armados las mujeres exigieron respeto por sus
derechos e insistieron en que las mujeres no son botín de guerra.
En este congreso se redactó y promulgó el Mandato Agrario en rechazo a las
políticas neoliberales del gobierno colombiano y especialmente al libre
comercio como vía directa hacia la destrucción del sector agrario colombiano.
Este documento en busca de la unidad del movimiento campesino dice claramente:
“Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad
pluricultural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos
empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir
dignamente y a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que levantamos
nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo
colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de
Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades
civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la
construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos,
especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional”.
Comunidades de Resistencia y
Comunidades de Paz
Frente al conflicto social y armado en la Colombia de hoy, paralelo a las
organizaciones de desplazados que existen en las principales ciudades, han
surgido movimientos como el de las Comunidades de Resistencia del Sur de
Bolívar y las Comunidades de Paz en Urabá, Magdalena Medio y otros lugares.
Ejemplo de esto es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual se
declaró como tal el 23 de marzo de 1997, después de que el casco urbano de ese
corregimiento quedara vacío, ya que la mayoría de familias se habían marchado a
raíz de las dos masacres perpetradas por los militares en septiembre de 1996 y
en febrero de 1997 y en las que habían arrasado con los líderes con que contaba
el corregimiento.
Los campesinos de las veredas esperaron que con la declaratoria de
Comunidad de Paz fueran respetados y poder seguir en sus tierras, pero estaban
equivocados: tropas del ejército, en conjunto con los paramilitares, realizaron
operativos en las veredas, asesinaron gente de la comunidad y a muchos de ellos
les colocaron camuflados para decir que habían sido asesinados en combate.
A las veredas se les dio plazo de tres días para abandonar las tierras y el
que no cumpliera la orden sería asesinado. Esta amenaza era real, ya que a los
tres días entraron y asesinaron a quienes se encontraron en los caminos;
entretanto, los helicópteros y aviones bombardeaban y ametrallaban. Los que
lograron salir se ubicaron en el caserío de San José y desde allí comenzaron a
resistir en contra de la “lógica de la guerra” hasta el día de hoy.
La actualidad del movimiento
campesino: el acoso judicial a la ACVC
Finalmente, el ultimo golpe al movimiento campesino colombiano se dio el 19
de enero del 2008, cuando fueron encarcelados los dirigentes campesinos de la
ACVC Ramiro Ortega y Miguel González Huepa, sindicados de rebelión. Este
proceso empezó con el encarcelamiento de los líderes campesinos Andrés Gil,
Óscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena el 29 de septiembre del 2007,
cuando paralelamente la Fiscalía Tercera Seccional Barrancabermeja emitió 18
órdenes de captura contra todos los dirigentes de la asociación. Todo esto
sustentado en la versión libre del dirigente paramilitar “Julián Bolívar”; con
lo cual queda claro que lo que se busca es la desestructuración y la
desaparición política del campesinado por todos los representantes de los
intereses ajenos a este.
[1] Fundada en 1934 por los terratenientes colombianos
para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino.
[2] Fundada en 1967 en el gobierno Carlos Lleras
Restrepo. Se dividió en la Línea Armenia (oficial) y Línea Sincelejo entre 1972
y 1981. La mayoría de los integrantes de la Línea Sincelejo volvió a la línea
oficial. Actualmente tiene sus bases en Meta, Risaralda, Sur del Magdalena
Medio, Sucre, Córdoba, Santander y Huila.
[3] Testimonios del Paro Cívico Nacional de 1977. Arturo
Alape.
[4] Mauricio Archila Neira –Tendencias recientes de los
Movimientos Sociales .p 268.
No hay comentarios:
Publicar un comentario